"Una víctima de maltrato entrega 125.000 firmas para que su perra se considere como un lazarillo y pueda protegerle en todas partes"

Miguel M. Ariztegui
eldiario.es

“No quiero ser una muerta más, sé que va a venir a por mí”, clama Silvia González, cuyo agresor saldrá de la cárcel el 4 de enero
Silvia González, con Sugui, en las puertas del Parlamento de Navarra.
La entereza y la valentía de Silvia González, víctima de violencia machista junto a sus hijos de 14 y 18 años, resultan todavía más llamativas después de conocer solo un poquito, como inevitablemente conocen los medios, el horror sin tregua que ha sido su vida desde que conoció a Moisés, su expareja.
Violaciones, palizas insultos y vejaciones eran “el día a día” de la víctima, que relata los hechos con una crudeza de detalles que no reproducimos. “Una mierda de vida”, resume, que ha afectado a todo su entorno. Para muestra, su agresor ha roto hasta 14 pulseras de control para saltarse las órdenes de alejamiento. “Está obsesionado”, clama.



Dentro de 17 días, el 4 de enero “como tarde”, su maltratador saldrá de la prisión de Pamplona, y el grito de auxilio no puede ser más claro: “No quiero ser una muerta más, sé que va a venir a por mí, tengo cada vez más miedo”, dice Silvia. Hoy se ha presentado en el Parlamento de Navarra con 125.000 firmas recogidas a través de la plataforma change.org para que su perra, Sugui, una pastor alemán, sea considerada de asistencia, como los lazarillos de los ciegos, y pueda acompañarla a todas partes.

Su petición, ya recogida en el Registro de la Cámara foral, implicaría modificar la ley foral 14/2015 contra la violencia hacia las mujeres, para que incluya la regulación de los perros de protección para mujeres víctimas de violencia de género. El pasado 25 de septiembre le escucharon los grupos políticos, sin éxito: “Me dieron una palmadita en la espalda y no firmaron mi petición”, denuncia. "Se ponen detrás de una pancarta cuando matan a alguien", pero "a las que verdaderamente pedimos ayuda nos cierran los ojos y miran para otro lado".

“Yo sé a qué me expongo, este tío está loco, me quiere matar”, insiste. Asegura que Sugui no solo la protege físicamente “también es una cuestión psicológica a la hora de ir a los sitios, de tratar de ser una chica normal de 39 años. Si no no puedo salir a la calle, tendría que estar siempre encerrada en mi casa”.

Subraya que “no es una perra agresiva; ella sabe quién es el agresor, y solo a él le ladraría si lo ve y le atacaría si le doy la orden”. El entrenamiento de la perra se realiza junto con su dueña, para que estén más compenetradas. Lo hace en la localidad navarra de Castejón, en un local llamado Ribera Box. “Les llamé, les comenté mi situación y me ayudaron porque no podía más. Me daba igual morirme”, clama. El entrenamiento tiene un coste de 9000 euros que va pagando “poco a poco”, mientras continúan los adiestramientos los miércoles por la tarde.

La perra, que ha acompañado al Parlamento a su dueña, se ha dejado tocar y ha saludado a los periodistas sin muestra alguna de agresividad. “Está adiestrada para eso”, asegura.

Su grito de socorro incluye el de sus dos hijos, que afortunadamente, y “gracias a muchas familias que me ayudan y se quedan con ellos en los momentos más difíciles” no han tenido que soportar toda la crudeza de la situación. Con todo, “lo han pasado muy mal, sobre todo por la incomprensión de la gente, que ve la policía en tu casa y no se detiene a reflexionar por qué puede ser”. Al respecto, asegura que la Policía Foral “hace bien su trabajo”, pero “tiene pocos dispositivos, mi caso se les queda grande”.

Gracias a Sugui, la cara de Silvia ha cambiado: “Entro a los juzgados orgullosa, protegida; y he llegado a pasar pánico detrás del biombo de protección al escuchar su respiración, al oírle toser”. No obstante, sabe que su agresor pregunta por ella en la cárcel, por eso, tras cambiar tres veces de residencia para desaparecer de su radar -sin éxito- ha decidido dar la cara.

“A mí se me acaba el tiempo”, implora Silvia, que pide un cambio legislativo que no es imposible, que ya abordó la Región de Murcia el año pasado, cuando levantó los límites sobre circulación y acceso de estos animales en las vías, transportes y establecimientos públicos para los perros utilizados como terapia asistida en casos de violencia de género.
 

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